Expastor del sur de Illinois es sentenciado por obtener fraudulentamente fondos de ayuda por COVID-19

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[FOTO DE STOCK] Un expastor del sur de Illinois fue sentenciado a casi dos años en prisión por obtener fondos de ayuda por COVID-19 de manera fraudulenta. (Storyblocks.com)
Publicado: 21 nov 2025, 15:29 GMT-6
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CONDADO DE HAMILTON, Ill. (Telemundo Heartland) - Un expastor del sur de Illinois fue sentenciado a casi dos años en prisión por obtener fondos de ayuda por COVID-19 de manera fraudulenta.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, un juez de distrito sentenció a Terry L. Hall, de 58 años y residente de McLeansboro, a 21 meses en prisión.

Hall, un expastor en el condado de Hamilton, se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y tres cargos de declaraciones falsas.

Luego de ser liberado de la prisión, servirá dos años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar $199.900 más los intereses acumulados a la Administración de Pequeñas Empresas.

Según la acusación, Hall era el pastor principal de una iglesia en McLeansboro y solicitó ayuda económica en nombre de la iglesia.

Dijeron que recibió dos desembolsos de préstamos por desastre para daños económicos, contactó representantes electos e intimidó a miembros de la iglesia.

Hall admitió utilizar el dinero para pagar su hipoteca, construir un granero y pagar viajes u otros gastos personales como ropa, gasolina o comida.

La iglesia no recibió ninguna asistencia en la pandemia.

“La gran mayoría de los pastores del sur de Illinois respondieron a la pandemia con un servicio desinteresado”, declaró el fiscal federal Steven D. Weinhoeft en el comunicado de prensa. “Terry Hall optó por un camino distinto: solicitó ayuda federal en nombre de su congregación y luego utilizó casi 200.000 dólares para gastos puramente personales. Una conducta tan alejada de la vocación pastoral exige rendición de cuentas, y esta se materializó en una condena de 21 meses de prisión federal”.

Comenzando en marzo del 2020, el Coronaviru Aid, Relief and Economic Security Act proveyó asistencia económica de emergencia a las personas afectadas por la pandemia.

En virtud de la Ley CARES y administrado por la SBA, el programa de Préstamos por Desastre para Daños Económicos proporcionó financiación a bajo interés a pequeñas empresas, inquilinos y propietarios de viviendas.

La oficina del FBI en Springfield dirigió la investigación, y la fiscal federal adjunta Kathleen Howard llevó adelante el caso.